Hace tiempo que la forma de consumir y pagar ha ido evolucionando y transformándose, dándole paso a herramientas tecnológicas que pretenden brindar mayor seguridad, comodidad, y facilidad a los procesos.
Una de ellas es la forma de facturar en las empresas
En este contexto, por iniciativa gubernamental, el 1 de enero de 2020 entró en vigor la nueva normativa expuesta por la Dian, esta nueva normativa pretende llevar a adoptar estas herramientas informáticas a las empresas Colombianas, que cifra en 30% el máximo de facturas en formato no electrónico que podrán emitir las empresas en 2020 (La Republica, 2020), esperando disminuir la distancia que tiene los países más avanzados.
La nueva normativa además tiene tres objetivos claros para su implementación:
- Mejorar la recaudación fiscal,
- Evitar el fraude, y
- Mejorar así la gestión de cada empresa.
Estas mejoras se verían reflejadas en la proyección de un crecimiento en la economía Colombiana.
Para ello, la estrategia de la Dian es reducir progresivamente el uso de la factura en papel permitiendo tan sólo el 20% de facturas no electrónicas durante el 2021 y 10% durante el 2022, hasta llegar al uso completo y obligatorio de la factura electrónica durante el 2023.
Esta estrategia le permitirá a las empresas tener un mayor control de su facturación, permitiéndole desarrollar también, cambios más efectivos.
Alberto Redondo experto y periodista del diario La República afirmo que “Actualmente, la Dian tiene habilitadas las facturas en papel como documentos válidos para requerir deducciones de gastos o impuestos, pero, desde este año, el único formato validado para esas deducciones será la factura electrónica”. Y ante un país que ha tenido tantas complicaciones con las obligaciones financieras, esta medida pretende impulsar aún más la facturación electrónica como clave fundamental de un entorno transparente y eficiente dentro de las actividades económicas. Redondo (2020), además afirma que el uso de la facturación electrónica le permitirá al país tener un mayor control fiscal.
Mientras se sigue incursionando en las nuevas medidas, el grupo Seres elaboró un estudio que da a conocer que Argentina en el 2007 fue el primer país en hacer obligatoria la facturación electrónica en Latinoamérica. Una obligación para algunas actividades en específico como también para el tamaño de algunas empresas. Luego, los países vecinos siguieron con la implementación de la obligatoriedad, mientras que otros países como Chile, Brasil y México, incluso implementaron paulatinamente diferentes modalidades de obligación donde prácticamente es usado para todos los actores económicos de que intervienen en ellos.
Por otra parte, en las Guayanas Francesas, Guadalupe y Martinicia se aplica la misma normativa que en Francia donde la factura electrónica es obligatoria en la relación que tienen las empresas y los administradores (B2B), mientras que en el resto de Latinoamérica nos informa Seres “son varios los países que cuentan con la obligación de uso de la factura electrónica en todas sus transacciones; lo que ha permitido mejorar la gestión tributaria y las relaciones empresariales a nivel internacional”.
Sin embargo, existe aún un distanciamiento en mucho de los países de la región donde el uso de la factura electrónica aún no es obligatorio y es una opción que toman algunas empresas para facilitar sus procesos. Puerto Rico por ejemplo, todavía trabaja en un formato primitivo de la facturación electrónica que consiste en enviar la factura en formato PDF a las áreas de contabilidad central del gobierno, los clientes, proveedores, etc… sin perder la reproducción de la factura en formato de papel.
Y lamentablemente como Puerto Rico existen muchas otras regiones que aún ni siquiera implementa este nuevo sistema, perdiéndose así de las grandes ventajas que tiene consigo la innovación y la estandarización de un proceso que permite más eficiencia y transparencia en la economía de un país, que al final del día se evidencia en el crecimiento.