Una factura electrónica equivale legalmente a su versión impresa y documenta la entrega de bienes o servicios en formato electrónico, su expedición está sujeta al consentimiento del receptor y es una opción válida y legal frente a la factura física tradicional.

La reducción de errores humanos, disminuir costos relacionados con el papel e impresiones, optimizar la gestión empresarial al centralizar todos los registros en una plataforma accesible y proporcionar una experiencia mejorada al cliente.

Desde el año 2019, la factura electrónica se ha vuelto obligatoria para todas las empresas con presencia en el país. Desde entonces, la DIAN ha introducido cambios en el sistema de facturación electrónica, como la implementación de nuevos documentos obligatorios o la evolución de otros.

Las personas jurídicas que vendan bienes y/o servicios, así como las personas naturales que vendan bienes y/o servicios y tengan ingresos brutos superiores a 3.500 UVT. Además, los contratistas del Estado con ingresos brutos superiores a 4.000 UVT también están incluidos en esta obligación.

El calendario de implementación de la factura electrónica establecido por la DIAN ya se ha completado. No obstante, es importante estar atento a las resoluciones emitidas continuamente por esta entidad para realizar ajustes y actualizaciones. En 2021, se establecieron nuevos plazos para la emisión del documento por parte de quienes no están obligados a facturar, y se introdujeron mejoras como la posibilidad de convertir la factura electrónica en un título valor.